Pese a los intentos de la corporación mediática y los sectores de la derecha opositora de ambos países, Caracas y Buenos Aires supieron resolver la controversia a tiempo. Una muestra de la furia opositora.
Chávez y Cristina Fernández tuvieron diferencias que supieron resolver a tiempo. Fotos: Archivo
31|05|2009 Por Diego Ghersi | Desde la Redacción de APM
Sabido es que en América Latina se desarrolla una lucha de poder entre los sectores“nacionales y populares” gobernantes y la oposición de corte neoliberal. Esta semana la batalla se desarrolló en torno al plan de estatizaciones venezolano, que involucró a Argentina y fue mediatizada de manera nada “objetiva” por la prensa corporativa“independiente” de ambos países.
Todo comenzó el 21 de mayo en Caracas cuando Hugo Chávez manifestó la intención de estatizar cinco empresas del sector siderúrgico, entre ellas Tavsa y Matesi, en las que Techint tiene mayoría, y el Complejo Siderúrgico Guayana (Comsigua), de la que el citado grupo es accionista minoritario.
La oposición en Argentina manifestó al instante una andanada de críticas, rumores e inexactitudes intencionales, que generaron un efímero malestar entre ambas administraciones y -por obra de los medios de prensa corporativos- se mezcló, a un mes de las elecciones nacionales legislativas, en la creciente campaña de desprestigio al gobierno de Cristina Fernández.
Las primeras informaciones recogieron la reacción inmediata de Techint: “Nos acabamos de enterar por los medios”, protestó por radio Luis Betnaza, director corporativo del Grupo. “Es todo muy confuso e insólito”, sentenció.
De ese modo, detrás de Techint se encolumnaron todas las cámaras patronales de Argentina, con señales de franco rechazo a la medida que fueron amplificadas por la prensa opositora.
El fuerte repudio a la iniciativa apareció en comunicados de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación de Bancos de capital local (ADEBA), la de bancos extranjeros (ABA), la Cámara de Exportadores (CERA) y la Cámara de Comercio. Todos apuntaron contra Chávez, reclamaron una intervención decidida del Cristina Fernández en defensa de la industria nacional e intentaron maliciosamente asociar al gobierno con la maniobra expropiatoria.
Uno de los primeros en acusar al Gobierno argentino -con clara intención de convertir a la Casa Rosada en cómplice de la medida venezolana- fue el empresario agropecuario Mario Llambías, Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
“Cuesta creer que no hayan tocado el tema de la nacionalización de estas tres empresas. Todo parece indicar que ha habido una complicidad por parte del matrimonio gobernante", indicó el titular de CRA haciendo alusión a la estadía que el mandatario venezolano pasó en la residencia del matrimonio Kirchner días antes del anuncio.
Encolumnada detrás de su máximo responsable, CRA (qué recordemos, forma parte de la Junta Agraria) manifestó su interés en establecer "la enérgica defensa de los intereses de nuestros conciudadanos que es responsabilidad plena de sus atribuciones de gobierno".
A las quejas se sumaron los políticos de la oposición argentina, ávidos de rédito capitalizable en las próximas elecciones legislativas.
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri; la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y el principal candidato por Unión-Pro, Francisco de Narváez, aumentaron la apuesta: no vacilaron en asegurar -sin especificar sus fuentes- que la medida había sido acordada por Chávez y el matrimonio Kirchner y alertaron que la Casa Rosada pretende avanzar con estatizaciones en caso de un triunfo oficialista en las legislativas del 28 de junio.
En particular, Francisco De Narváez acusó al gobierno de Cristina Fernández de "festejar"la decisión de Chávez y acusó a la mandataria de estar previamente enterada de las estatizaciones y de estar al servicio de intereses venezolanos. "Lo que vino a decirle Chávez a los Kirchner -en el viaje que realizó hace una semana a Buenos Aires- es el modelo a seguir (…) Vino a decirles que adopten su modelo”, dijo el candidato de derecha.
Por su parte, Carrió -con una premonición que hasta el propio Nostradamus envidiaría- alertó: "Esto es la profundización de una política de confiscación que puede ser el modelo kirchnerista después del 28 de junio". La líder de la Coalición Cívica aseguró que la decisión de Chávez "fue acordada con el ex presidente Néstor Kirchner" cuando éste viajó a Buenos Aires. Y agregó: "Vamos a luchar para que la Argentina no se convierta en un populismo confiscatorio".
En el mismo sentido apuntaron los dichos de Mauricio Macri: "Sorprende que Chávez haya venido en un viaje extrañísimo, desde tan lejos, a estar con nuestra Presidenta y no le haya comentado que iba a hacer esto". El jefe de gobierno porteño también se permitió cuestionar la cercanía entre ambos gobiernos: "¿De qué sirve la amistad de nuestra Presidenta con Chávez si esto va a perjudicar aún más nuestras empresas?".
La salva de críticas fue inmediatamente divulgada por la cadena opositora venezolana Globovisión, que mágicamente incorporó al Jefe de Gobierno porteño y al diputado de la derecha peronista en su listado de socios internacionales televisables.
Todo comenzó el 21 de mayo en Caracas cuando Hugo Chávez manifestó la intención de estatizar cinco empresas del sector siderúrgico, entre ellas Tavsa y Matesi, en las que Techint tiene mayoría, y el Complejo Siderúrgico Guayana (Comsigua), de la que el citado grupo es accionista minoritario.
La oposición en Argentina manifestó al instante una andanada de críticas, rumores e inexactitudes intencionales, que generaron un efímero malestar entre ambas administraciones y -por obra de los medios de prensa corporativos- se mezcló, a un mes de las elecciones nacionales legislativas, en la creciente campaña de desprestigio al gobierno de Cristina Fernández.
Las primeras informaciones recogieron la reacción inmediata de Techint: “Nos acabamos de enterar por los medios”, protestó por radio Luis Betnaza, director corporativo del Grupo. “Es todo muy confuso e insólito”, sentenció.
De ese modo, detrás de Techint se encolumnaron todas las cámaras patronales de Argentina, con señales de franco rechazo a la medida que fueron amplificadas por la prensa opositora.
El fuerte repudio a la iniciativa apareció en comunicados de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación de Bancos de capital local (ADEBA), la de bancos extranjeros (ABA), la Cámara de Exportadores (CERA) y la Cámara de Comercio. Todos apuntaron contra Chávez, reclamaron una intervención decidida del Cristina Fernández en defensa de la industria nacional e intentaron maliciosamente asociar al gobierno con la maniobra expropiatoria.
Uno de los primeros en acusar al Gobierno argentino -con clara intención de convertir a la Casa Rosada en cómplice de la medida venezolana- fue el empresario agropecuario Mario Llambías, Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
“Cuesta creer que no hayan tocado el tema de la nacionalización de estas tres empresas. Todo parece indicar que ha habido una complicidad por parte del matrimonio gobernante", indicó el titular de CRA haciendo alusión a la estadía que el mandatario venezolano pasó en la residencia del matrimonio Kirchner días antes del anuncio.
Encolumnada detrás de su máximo responsable, CRA (qué recordemos, forma parte de la Junta Agraria) manifestó su interés en establecer "la enérgica defensa de los intereses de nuestros conciudadanos que es responsabilidad plena de sus atribuciones de gobierno".
A las quejas se sumaron los políticos de la oposición argentina, ávidos de rédito capitalizable en las próximas elecciones legislativas.
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri; la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y el principal candidato por Unión-Pro, Francisco de Narváez, aumentaron la apuesta: no vacilaron en asegurar -sin especificar sus fuentes- que la medida había sido acordada por Chávez y el matrimonio Kirchner y alertaron que la Casa Rosada pretende avanzar con estatizaciones en caso de un triunfo oficialista en las legislativas del 28 de junio.
En particular, Francisco De Narváez acusó al gobierno de Cristina Fernández de "festejar"la decisión de Chávez y acusó a la mandataria de estar previamente enterada de las estatizaciones y de estar al servicio de intereses venezolanos. "Lo que vino a decirle Chávez a los Kirchner -en el viaje que realizó hace una semana a Buenos Aires- es el modelo a seguir (…) Vino a decirles que adopten su modelo”, dijo el candidato de derecha.
Por su parte, Carrió -con una premonición que hasta el propio Nostradamus envidiaría- alertó: "Esto es la profundización de una política de confiscación que puede ser el modelo kirchnerista después del 28 de junio". La líder de la Coalición Cívica aseguró que la decisión de Chávez "fue acordada con el ex presidente Néstor Kirchner" cuando éste viajó a Buenos Aires. Y agregó: "Vamos a luchar para que la Argentina no se convierta en un populismo confiscatorio".
En el mismo sentido apuntaron los dichos de Mauricio Macri: "Sorprende que Chávez haya venido en un viaje extrañísimo, desde tan lejos, a estar con nuestra Presidenta y no le haya comentado que iba a hacer esto". El jefe de gobierno porteño también se permitió cuestionar la cercanía entre ambos gobiernos: "¿De qué sirve la amistad de nuestra Presidenta con Chávez si esto va a perjudicar aún más nuestras empresas?".
La salva de críticas fue inmediatamente divulgada por la cadena opositora venezolana Globovisión, que mágicamente incorporó al Jefe de Gobierno porteño y al diputado de la derecha peronista en su listado de socios internacionales televisables.
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