“Nada induce al hombre a dudar mucho como el saber poco”

“Nada induce al hombre a dudar mucho como el saber poco”
Francis Bacon

Se sigue desinformando sobre la situación judicial y por tanto de vigencia, de la LSCA.
Ante esta campaña persistente, hemos hecho una síntesis y en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de echar luz sobre algunos de los magistrados que fallaron contra la vigencia de la ley.

A) Cautelares que suspendían la vigencia de la ley

1) Mendoza (1ª y 2ª. Instancia): Presentación del diputado Thomas
El tribunal, integrado por Otilio Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra, ratificó una medida cautelar de la jueza federal de esa provincia Olga Pura de Arrabal
Fue resuelta por la Corte Suprema de la Nación.
Principales argumentos:
* Fundamento. "Un legislador no tiene legitimación activa cuando lo que trae a la Justicia es la reedición de un debate que ha perdido en el Poder Legislativo."
* Alcance. "Una medida cautelar que suspende la vigencia de la totalidad de una ley con efectos generales para toda la población tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes." En el sistema constitucional argentino, los jueces tienen autoridad para suspender artículos particulares de una ley, pero no pueden paralizar toda una norma, con efecto para el país. Para la Corte, un juez que se arroga tal atribución viola la división de poderes, pues paraliza la aplicación de la ley del Congreso
* Cautelar. "Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia erga omnes de una norma. Si no la tiene en la sentencia que decide el fondo de la cuestión, menos aún puede ejercerla cautelarmente."
* Contenido. "La cuestión sometida a la Corte no se relaciona con la valoración del contenido de la ley 26.522, sino con la validez de una medida cautelar que suspende la totalidad de sus efectos."
* Riesgo. "Admitir la legitimación en un grado que la identifique con el generalizado interés de todos los ciudadanos deformaría las atribuciones del Poder Judicial y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares."

Jueces intervinientes
Quién es la Jueza Arrabal?


La jueza ha beneficiado, desde su cargo, al grupo económico concentrado que encabeza el conocido tándem Daniel Vila-José Luis Manzano (ex ministro de la administración de Carlos Menem).
A finales de 2007, se inauguró en el Gran Mendoza una repetidora de Canal 7, la televisión pública, que hasta el momento se podía ver a través del servicio pago. Sólo unos meses después, la señal fue suspendida a raíz de un recurso de amparo presentado por Estornel S.A. Esta empresa de televisión por cable del Grupo UNO, denunció ante la justicia que la señal pública y gratuita interfería con la de los canales que transmite el cable. Arrabal hizo lugar al amparo. La medida fue luego revocada por la Cámara Federal de Apelaciones.
Arrabal tuvo vínculos con el multimedios, antes de ser jueza. Entre abril de 2004 y agosto de 2004, se desempeñó en la Fundación Postgrado de Congreso, la cual fue impulsora de la creación, en 1994, de la Universidad de Congreso (UC). Esta institución al cumplir 10 años de historia, ya tenía en su haber denuncias de desfalcos económicos e inconsistencias académicas. La UC fue dirigida por mucho tiempo por los hombres más fuertes del empresariado local, la mayoría agrupados en el Consejo Empresario Mendocino (CEM).
Hay una fuerte relación entre el Grupo UNO y la UC. Cuando la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) elevó un informe acerca de la situación de la universidad, uno de los puntos se refirió a la inestabilidad que significaba no tener edificio propio. Ante el señalamiento la UC dio a conocer la siguiente información: “La situación de precariedad de uso del inmueble en que desarrolla sus actividades la Universidad de Congreso ha sido afrontada en 2003 a partir del compromiso de donación de un predio de 30.000 metros cuadrados por parte de la firma Dalvian SA a la Fundación Posgrado de Congreso por intermedio de su presidente, el señor Alfredo Luis Vila –ya fallecido-”.
Oportunamente, la jueza Arrabal hizo lugar al amparo de Vila sobre una denuncia iniciada por la Universidad de Cuyo por construir el barrio privado Dalvian SA en un terreno que le pertenecía, barrio en el que ahora vive la jueza.


Quién es el Camarista Romano?
Él y Miret son Camaristas denunciados por abogados y organismos de derechos humanos, por ser cómplices de los represores en la última dictadura cívico-militar.
Se ha solicitado el juicio político en razón de su actuación como Juez de instrucción en los años de la dictadura por no investigar la privación de liberad y torturas denunciadas por una menor de edad, pese a que las leyes de impunidad no perdonaban ese delito. La declaración obtenida bajo tortura fue utilizada como prueba en otro expediente
Su situación tiende a complicarse; a tal punto, que ya hay quienes vaticinan que es probable que sea destituidos por ser cómplices de los represores que actuaron en Mendoza durante la última dictadura militar.
Recientemente, el fiscal general Omar Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a actuales camaristas federales de Mendoza entre los que señala a Otilio Romano por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. El pedido – que se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983- fue presentado ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal.

Quién es el Camarista López Cuitiño?
Tiene una causa en el Consejo de la Magistratura iniciada por el abogado Rodolfo Yanzón (“Yanzón Rodolfo y otros c/ Dres. López Cuitiño, Pereyra González y Demetrio Petra Fernández”, Expte. 434, Año 2008) La denuncia gira en torno a la falta de mérito dictada el 18 de septiembre de 2003 en beneficio del suboficial retirado del Ejército Osvaldo Martel, en su momento procesado por tormentos agravados en concurso ideal con lesiones leves. Martel es uno de los acusados de torturar a la actual titular del juzgado de Ejecución de Sentencias, Margarita Rosa Camus, ex presa de la dictadura. Nieta de un ex gobernador, estuvo detenida cinco años durante la última dictadura y fue torturada con golpes y picana eléctrica e, incluso, sufrió simulacros de fusilamiento.

Quién es el Camarista Petra
Julio Demetrio Petra Fernández debe enfrentar la misma denuncia. Petra, junto a López Cuitiño ordenaron liberar al represor Martel, al que Margarita Camus había identificado como uno de sus torturadores.


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2) Salta: presentación de la diputada Daher
La hizo caer la Cámara salteña con los argumentos de la Corte Suprema en el caso de Mendoza.
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Otras presentaciones contra la ley
B) Cuestionamiento general: San Luis
La provincia de San Luis, gobernada por Alberto Rodríguez Saá, también cuestionó la Ley de Medios. El planteo es que no se pueden dictar leyes federales en materia de medios. La Corte Suprema aceptó su competencia originaria y tendrá el trámite del juicio ordinario. No hay medida cautelar en este caso.
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C) CUESTIONAMIENTOS PARCIALES

1.- Cautelar San Juan
A principios de año, el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo suspendió varios artículos, entre ellos el 161 que obliga a las empresas a vender las licencias que excedan lo permitido en el plazo de un año.
El pedido de inconstitucionalidad fue presentado por Jorge Estornel S.A. y Otros. El “otros” incluye a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, dueños del Canal 8 de San Juan, Canal 7 de Mendoza, Canal 6 de San Rafael, la operadora de TV por cable Supercanal, América TV, América 24 y 14 radios AM y FM.
2.- Cautelar CABA
En la Capital Federal, en una causa promovida por el Grupo Clarín, el juez federal Edmundo Carbone dictó otro fallo similar en diciembre de 2009 y la Cámara Federal Civil y Comercial confirmó la suspensión del artículo 161 con el argumento de que viola el derecho de propiedad de los medios.(está en la Corte Suprema)
Un dato de color: Carbone estaba renunciado desde el 6 de noviembre.

Quién es el Juez Edmundo Carbone?
Entre 1967 y 1971 siguió una carrera administrativa en el Ministerio del Interior, durante los gobiernos militares de Onganía, Levingston y Lanuse. Y llegó a ser asesor de gabinete y, desde diciembre de 1969 hasta abril de 1971, Director General de Asuntos Jurídicos de esa cartera. De allí en más, se dedicó al ejercicio liberal de la profesión que alternó con otro cargo como funcionario: entre 1978 y 1980 fue vocal secretario de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales, durante el gobierno militar de Jorge Videla.
En marzo de 1980, fue nombrado titular del Juzgado Nacional N° 1 en lo Civil y Comercial Federal. Se mantuvo en ese cargo luego de que el entonces presidente Raúl Alfonsín lo incluyera entre los pliegos de jueces del proceso militar propuestos para seguir en sus cargos. El Senado le dio acuerdo en mayo de 1984. De allí en más, no tuvo ningún ascenso.
Fue el famoso Juez troglodita que censuró la proyección del film “La última tentación de Cristo” de Martin Scorsese. A pocas horas de exhibirse, el juez federal Edmundo Carbone decretó "la abstención" de la proyección, hasta resolver la pretensión de "impedirla definitivamente".
El magistrado basó su decisión en el artículo 2 de la Constitución Nacional que"prescribe que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano y toda vez que la proyección del film «La última tentación de Cristo» podría implicar una profanación de la fe católica".
(los datos son de una reseña que en su momento publicó Clarín)

3.- Cautelar de Salta
También hay otra causa en Salta: una promovida por la asociación Comité de Defensa de los Consumidores (Codelco) fallada a favor por el Juez Medina (El presidente de Codelco es el diputado provincial salteño Guillermo Durand Cornejo) que suspendió el artículo 161 y también los artículos 45 (multiplicidad de licencias) y 62 a 65 (trasmisión en cadena).

Quién es el Juez Miguel Antonio Medina?
Fue Secretario de primera instancia en la justicia provincial en 1978, en plena dictadura militar. Ya en democracia confirmó su simpatía con la época procesista: trabajó como secretario del abogado Raymundo Sosa, señalado por la Conadep como miembro civil de un grupo de tareas
Su mayor contacto con la política se produjo cuando abandonó los juzgados para ser apoderado del Partido Justicialista de Salta encabezado por el ex gobernador Juan Carlos Romero, un firme opositor a la nueva ley de Servicios Audiovisuales
En febrero de 2010 el Consejo de la Magistratura nacional celebró su primera reunión plenaria del año, ocasión en que los consejeros decidieron imponer una sanción menor al juez federal salteño Miguel Antonio Medina, después de que la comisión que estudió la acusación presentada por la familia del desaparecido gobernador Miguel Ragone hubiese aconsejado por mayoría el inicio de un proceso de destitución.
La situación del juez salteño no es, sin embargo, cómoda, ya que el apercibimiento supone que el órgano que juzga la conducta de los jueces lo ha encontrado responsable de determinadas irregularidades tras la constatación de que Medina, como abogado en ejercicio de la profesión liberal, defendió en su momento los policías salteños Andrés del Valle Soraire, Santos Leónides Acosta, y Fortunato Saravia, involucrados en el asesinato de José Lino Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez, en tiempos de la dictadura militar.
Medina deberá cargar con el peso negativo del dictamen suscrito por los consejeros Conti, Fernández, Masquelet, Kunkel y Candioti, que consideraron probados los hechos que en su momento le fueron imputados a Medina, entre ellos su asociación profesional con un abogado denunciado por la CONADEP, su "desempeño institucional" en la década de los años setenta, su dudosa actuación en el caso Ragone y las irregularidades detectadas en una auditoría ordenada sobre su juzgado.
Sobre esta última medida, el juez salteño, al ejercer su defensa ante el Consejo, descalificó con duros términos a los auditores que la practicaron, diciendo que se había tratado de una “excursión de pesca”. La frase de Medina mereció un duro reproche del consejero Candioti, que en su dictamen afirmó que el juez salteño "tiene un desacertado concepto de lo que es la cosa pública en un Estado".
En el Consejo de la Magistratura hay cuatro nuevas acusaciones en su contra.

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SITUACIÓN ACTUAL
Sobre un total de 17 presentaciones ante la Justicia que todavía están pendientes el procurador Da Rocha explica que "sólo dos importan, que son las (que piden) medidas cautelares de Codelco y de Clarín contra los artículos 41 y 161 de la ley", que establecen plazos y modos para que los propietarios de medios que estén fuera de la ley se desprendan de los mismos.
"En las otras 15 presentaciones ante la Justicia no existen medidas cautelares", dijo Da Rocha y estimó que el tiempo que llevará la resolución de esas causas "depende de muchas circunstancias, por lo que no se puede determinar".

 Por: Anahí Fernández

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