Documento Agrupación Docente "Eduardo Garat"- Fac de Derecho UNR


“No se trata de que las puertas de la Universidad se abran al pueblo; eso es una concesión. Es la Universidad del pueblo; es el pueblo en su Universidad”
Jorge Taiana, mayo de 1973

La lógica de los 90 implicó que el espacio universitario fuera invadido por conceptos que pasaron a ser “normales”, fruto de la extrapolación del campo de estándares de la gestión empresarial. Este proceso que acentuaba el desprecio de lo político como instrumento de lo colectivo, contribuyó a disminuir la responsabilidad pública ante la sociedad subordinando valores sustantivos como la solidaridad y la equidad a los de la eficiencia y afectando construcciones colectivas acerca del rol de la universidad pública.
Así, frente a la crisis de un Estado destruido y perforado en su legitimidad social cuestionado duramente en diciembre de 2001, los sectores populares pusieron de manifiesto su capacidad y su potencialidad creativa dando respuestas a través de la organización social, con una Universidad ausente que –salvo en casos aislados- no estuvo a la altura de las circunstancias.
La falta de articulación entre las demandas sociales, económicas y culturales reales de nuestro país (pobreza, desigualdad, concentración de la renta, atraso industrial, dependencia tecnológica, dependencia cultural, dependencia financiera, etc.) y los fines y prácticas concretas de la Universidad es todavía una deuda. 
Es pues urgente que el país profundo, muchas veces olvidado, se constituya en el objeto de preocupación para las Universidades Nacionales y para los profesionales que de ellas egresan. Y en este sentido es necesario que la universidad recupere un rol fundamental poniendo el conocimiento al servicio de la sociedad, a la que no sólo pertenece sino a la que se debe.
Es este marco y en relación a nuestra Facultad de Derecho señalamos que tras la reforma democratizadora del plan de Estudios de 1985 (elaborada a partir de un dictamen de la Comisión Asesora ad hoc y el Consejo Asesor Pedagógico) , que retomaba aquella de 1974 (estructurada a partir del Proyecto presentado por la Comisión Martins-Centeno), las subsiguientes modificaciones abandonaron en la fundamentación y objetivos la inscripción del currículo en un proyecto de país y la fundamental apelación al compromiso exigible al graduado. Por otra parte la decisión de fortalecer el área del Derecho Público ha ido cediendo terreno al anterior esquema privatista que incluso se ha acentuado.
Nuestra trágica historia política pone de manifiesto el sentido de otorgar preeminencia al Derecho Público. El Derecho fundante en toda la esfera jurídica es el Derecho Constitucional que claramente se inscribe en el Derecho Público. En todas las interrupciones del orden constitucional quedó en pie la estructura del Derecho privado y por tanto, siguieron protegidos los intereses particulares: la Corte Suprema que en 1930 convalidó el golpe de Estado que inauguró nuestra trágica historia de avasallamiento a los derechos políticos y abrió el camino a las crecientes violaciones de los derechos humanos, no dejó de proteger los intereses particulares regidos por el Derecho Privado.
La separación entre la enseñanza teórico-práctica, configura de un modo especial el conocimiento y el aprendizaje, caracterizado por la fragmentación –que es un aspecto sumamente acentuado en la carrera- la preeminencia de un conocimiento cerrado con escaso espacio para la problematización y una praxis repetitiva de actividades rituales así como a un abuso de la “clase magistral” cuya contracara es la recepción de paquetes de información desvinculados de la práctica real y una escisión que entiende la práctica como mera aplicación de aquello que se conoce teóricamente.
Finalmente, la preeminencia de la dogmática la presenta como conocimiento articulado de conceptos y categorías que no dicen nada de la realidad, pero que se instalan como hitos y es entonces cuando el autoritarismo intelectual libera al auditorio del esfuerzo de la crítica. Basta con creer y asumir como verdades los conceptos, clasificaciones, derivaciones y demás sofisticaciones jurídicas del vacío. Se privilegia el entrenamiento para el rol litigante pretendiendo hacer un profesional dueño de un saber técnico en cuyo ejercicio se desempeñará de modo pretendidamente neutral.
Resulta imprescindible rediscutir el tema y reinstalar el derecho en el campo de las ciencias sociales con lo que ello implica y recuperar en nuestra enseñanza la problematización permanente que supere la exclusividad de la dogmática  y nos permita tomar en serio la promesa igualitaria del derecho
La Universidad pública debe ser también una herramienta de distribución de la riqueza y la justicia

Desde la Agrupación Docente “Eduardo Garat” puntualizamos algunas cuestiones que deben formar parte de la agenda de discusión y trabajo en nuestra Facultad a fin de atender a una formación que contemple una sólida preparación académica así como un fuerte compromiso social y ético con la comunidad de la que forman parte y con el desarrollo integral de la Nación.

GRADO
•Posicionamiento de la Facultad en la Región. y su integración latinoamericana. 
•Inserción- Transferencia:
a) a la comunidad ( organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y semi- públicos)
b) a distintas agencias del Estado (asesoramiento, implementación de pasantías, ofrecimiento de cursos de perfeccionamiento)
•Revisión integral del plan de estudios. 
•Democratización de la información
•Revisión de los programas de las cátedras
•Realización de Concursos y normalización de los Departamentos
•Creación de cátedras paralelas
•Análisis y evaluación de la planta docente
•Análisis de la  masa estudiantil, diagnóstico y  evolución en los últimos años.
•Relevamiento de proyectos de investigación y de las actividades de los Centros de Estudios e Investigaciones
•Estrategia de Comunicación
•Revalorización de la Biblioteca
•Implementación y fortalecimiento de un nodo informático
•Desarrollo de una política de publicaciones
•Intercambios académicos (de docentes y estudiantes) con universidades nacionales y extranjeras y organismos internacionales

POSGRADO:
•Apertura en el nivel docente a magíster, doctores o equivalentes fundamentalmente de Derecho Público
•Promoción de la gratuidad del posgrado para los docentes 
•Estructuración de cursos acreditables, maestrías y doctorados en Derecho Público
•Internacionalización de la Facultad con cursos de posgrado desarrollados en conjunto con universidades e instituciones superiores latinoamericanas.

Rosario, 28 de febrero de 2011


                                       Agrupación Docente “Eduardo Garat”
                                              Facultad de Derecho - UNR

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