A escasos días de cumplirse el trigésimo tercer aniversario del Golpe de Estado que enlutó a nuestro país, arrasando con la vida de decenas de miles de jóvenes y con los sueños de muchos más, en el marco del debate instalado acerca de las responsabilidades que le caben a cada uno de los Poderes de la República en garantizar el juzgamiento y castigo a los culpables de los crímenes más horrorosos de cuantos jalonan nuestra historia nacional, un matutino local, Rosario 12, publica una entrevista (cuya síntesis aparece el mismo domingo 15 en Página 12) que muestra a una jueza de la Nación, la Dra. Laura Inés Cosidoy, miembro del Tribunal Oral Nº 1 de Rosario, regodeándose en la reviviscencia del afecto intocado que la une a quien sucediera en el rol de Comandante en Jefe del II Cuerpo de Ejército al actualmente encarcelado y procesado Ramón Genaro Díaz Bessone, con quien comparte la mayor responsabilidad de cuantos delitos de lesa humanidad fueran cometidos en nuestra zona durante los años de plomo.
El relato de la magistrada despliega ante nuestros ojos escenas que son verdaderos frescos de los “procedimientos” dictatoriales. En su rol de entonces, como Abogada Defensora Oficial, la vemos entrar y salir con absoluta familiaridad del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en Córdoba y Moreno, sentarse habitualmente en los sillones, departir con el Comandante Galtieri acerca de las vidas que se salvan y –descontamos- las que no se salvan. Pedirle -¿inclemencia?- para quienes ella considera inocentes. La vemos entrar en un locutorio del penal de Villa Devoto, adonde a veces el Mayor Soria le granjeaba la entrada, sugiriéndole a alguna presa política – sólo en nombre de su familia, claro- que firmara “algo dentro de la cárcel”… “no se necesitaba información de esa gente (sic)… era admitir cosas, o renunciar a algo, para decirlo de alguna manera por ejemplo decir ‘no me gusta o no soy más montonero’ una cosa así.” Un trámite de lo más sencillo con el que la detenida podía dejar de estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. La vemos con lágrimas en los ojos, transida de emoción, evocar su amistad con Galtieri. La escuchamos rememorar “un episodio raro, de movimiento de personas”, que sabía por boca de sus defendidos (¿qué habrán podido contarle éstos sino relatos escabrosos acerca de cómo los secuestraron y torturaron, cómo mataron a algunos de sus compañeros?) La escuchamos, sin embargo, reconocer que no puede juzgar al comandante Galtieri por “no tener nada para pensar que era capaz de hacer una cosa así”. Sin por ello ignorar la existencia de “fuerzas de operaciones que integraban militares y policías”. La escuchamos echar un velo de sospecha sobre que “puede haber gente en este momento que esté luchando por los derechos humanos o que esté ocupando cargos públicos y que se pueda dar el lujo de decir que puso bombas”.
Los conceptos que en esa nota periodística vierte esta jueza de la Nación, todo lo que dice, que no tiene desperdicio, nos pone frente a una situación muy delicada. Que va más allá de la aceptación o rechazo de su excusación por parte de la Corte Suprema de la Nación (que según dichos de la magistrada ya se habría expedido), o de una posible recusación de las partes.
Las declaraciones de este funesto personaje, ejemplo de connivencia del Poder Judicial con la represión dictatorial, hieren nuestros más profundos sentimientos democráticos. Y convocan, sin lugar a dudas, a una decisión de política activa por parte del Estado en materia de Derechos Humanos. ¿O puede acaso sostenerse una democracia con jueces que, lejos de promover los derechos humanos, siguen adscribiendo públicamente a experiencias que los lesionaron hasta límites nunca antes vividos?
Para decirlo de otro modo: que la Corte Suprema de Justicia acepte o no el pedido de excusación de la Dra. Laura Cosidoy en una de las varias causas contra crímenes cometidos por el Estado terrorista que tramitan en Rosario, que cualquiera de las partes intervinientes en la causa Guerrieri –la acusación o la defensa- puedan recusarla y la jueza en cuestión sea o no sea finalmente recusada, no modifica la calidad institucional del propio Tribunal, es decir, de la administración de justicia. Y opera, de hecho, en la postergación ad infinitum de los juicios, es decir, en definitiva, a su no sustanciación. Lo que sí modificaría la calidad institucional, y abriría la posibilidad de una Justicia acorde al sistema democrático, es que los Tribunales dejaran de estar integrados por gente de esta calaña.
La permanencia de la Dra. Laura Cosidoy en el Poder Judicial, más aún con la jerarquía que ostenta, produce efectos simbólicos y materiales incalculables. E impredecibles. Muchos de ellos invisibles para quien no conoce a fondo el terreno, porque no se relacionan tanto con lo que efectivamente sucede, como con aquello que no puede ni podría nunca en estas condiciones llegar a suceder. Ya que la asiste una impunidad casi absoluta, apenas arañada por la nota de marzo del 2005 a la que hace referencia el periodista Maggi. Vale la pena releer aquella nota, en la que -¡hace cuatro años!- dos sobrevivientes del Servicio de Informaciones, Marta Bertolino y Liliana Gómez (ambas testigos y querellantes en la Causa Feced) brindan tímidos indicios de los hechos que la jueza hoy refiere con obsceno desparpajo.
Nos preguntamos si estos contenidos periodísticos no merecen ser objeto de una sanción, de un juicio, de alguna acción por parte del Consejo de la Magistratura para separar de su cargo a esta magistrada. Si la Suprema Corte de Justicia no debería pronunciarse al respecto. En cualquier caso, la respuesta a los dichos comentados debería ser contundente y, en lo posible, provenir de lugares con más poder institucional que el que modestamente ocupan quienes han sido víctimas del terrorismo de estado.
Las instituciones de la democracia no pueden dejar de reaccionar si de verdad queremos despejar el escenario para hacer por fin posible el viejo anhelo de juicio y castigo a los culpables.
COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Carta Abierta Provincia de Santa Fe
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